El Gobierno de Ayuso pone la lupa sobre las empresas que han cobrado 2.045 millones por la carretera M-45 y su peaje invisible

En Madrid hay una carretera de 37 kilómetros que ya le ha costado 2.000 millones al gobierno. Se trata de la M-45. Su impulsor fue Alberto Ruiz-Gallardón, presidente entre 1995 y 2003. Para ejecutar el proyecto, eligió el modelo de peaje en la sombra: las tres concesionarias (Globalvia, Trados 45 y Euroglosa 45) cobrarían durante décadas por cada vehículo que pasase. La factura ha sido tan grande, y los litigios judiciales tan gravosos, que ahora el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso intenta gestionar esas concesiones con refuerzos. Para ello gastará 3,6 millones en contratar especialistas que supervisen mensualmente el tráfico y puedan instalar elementos de conteo propios; que asesoren si hay que sancionar a las concesionarias; que analicen sus posibles reclamaciones de más dinero; que controlen que cumplen con sus obligaciones de mantenimiento de la vía; y que asistan en la reversión al patrimonio público de los tres tramos de carretera, prevista para 2027, 2029 y 2032, respectivamente. El contrato, sin precedentes en el último lustro, afecta también a la M-407, y abre la puerta a emplear la fórmula de la concesión en la nueva carretera del suroeste.

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